Subasta pública internacional del avión presidencial se adjudicó en más de 137 millones de lempiras
Bajo estrictos estándares de transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), finalizó con éxito este viernes el proceso de la Subasta Pública Internacional SEDENA BM-001-2026.
Como resultado del proceso, se adjudicó la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600 a la empresa
THEBE Ingeniería y Consultoría de México S.A. de C.V., por un monto ofertado de 137,776,390 lempiras.
«El proceso se desarrolló conforme a estrictos procedimientos legales para garantizar la correcta administración de los bienes del Estado», especificó el secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard.
Cronología de una jornada transparente
La recepción de ofertas inició a las 9:00 a.m. de este viernes 10 de julio, cumpliendo rigurosamente con el cronograma establecido para asegurar una competencia abierta, ordenada y transparente.
La jornada se desarrolló bajo la siguiente línea de tiempo:
09:00 a.m. – Apertura oficial para la recepción de ofertas.
10:44 a.m. – El representante de la empresa THEBE Ingeniería y Consultoría de México S.A. de C.V.
presentó la oferta formal ante el Comité de Subasta y Veeduría.
11:00 a.m. – Cierre del proceso de recepción e inicio inmediato de la revisión de documentos.
11:20 a.m. – Se efectuó el taxeo de la aeronave para verificar de forma técnica su estado físico.
11:35 a.m. – Se realizó la apertura del sobre y se leyó públicamente la cantidad de la oferta presentada.
11:43 a.m. – El Comité de Subasta y Veeduría adjudicó oficialmente la venta a la empresa oferente al
cumplir con todos los requisitos legales y financieros.
Un hito en la administración del patrimonio público
Con la culminación de esta venta, el Gobierno de la República, por medio de la SEDENA, reitera que esta subasta representa un ejercicio de administración responsable del patrimonio público.
Esta acción busca optimizar los recursos del Estado y también establecer un precedente de buenas prácticas en la enajenación de bienes públicos, operando firmemente bajo los principios institucionales de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
